El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rodrigo Abdala Dartigues, emitió un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión para requerir al Gobierno de Puebla que investigue al edil de Ajalpan, Gustavo Salomón Lara Torres, por presuntos actos de corrupción y otras irregularidades que cometió antes y después de haber sido electo como alcalde.

Precisó que la indagatoria que solicitó se deberá llevar a cabo de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, para investigar al munícipe y otros funcionarios de la demarcación, quienes en caso de haber incurrido en ilícitos u omisiones deberán ser sancionados.

El legislador federal de Morena aseveró que Lara Torres asignó obras sin licitación a empresas de su propiedad, mismas que habilitó con prestanombres para no ser descubierto, además, autorizó obras innecesarias o de ornato, sin proyectos validados y de mala calidad, por lo que no fomentaron la economía local y no consideraron la priorización de inversión para el combate a la pobreza.

Asimismo, lo acusó de nepotismo, pues, dijo, es evidente que familiares cercanos trabajan en el Ayuntamiento de Ajalpan, como el caso de la regidora de Educación, cuyo esposo funge como tesorero municipal; la regidora de Hacienda es esposa del contador general municipal, Enrique Gómez Soto; Juan Lozano Castillo es el director de Industria y Comercio, mientras que su hermana, María del Carmen Lozano Castillo, es la directora de Grupos Vulnerables.

Abdala Dartigues aseguró que Lara Torres tuvo conocimiento desde el inicio del mandato respecto a que el regidor de Gobernación, Joel González García, estaría involucrado con la delincuencia organizada; agregó que hasta el día de hoy se encuentra sujeto a un proceso penal y está encargado de la seguridad pública del municipio.

Justificó su argumento con la detención del representante popular el 26 de noviembre de 2015, por el delito de posesión de un arma de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; dicha pistola tiene reporte de robo presentado por el presidente municipal.

En ese sentido, el diputado federal de Morena consideró que el actuar del edil de Ajalpan ha generado ingobernabilidad que a su vez ha derivado en actos violentos en el municipio, como el linchamiento de los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina el 19 de octubre de 2015, quienes fueron señalados erróneamente como secuestradores.

“Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. la imagen negativa que se tiene de la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”, sentenció.

De la misma forma, contabilizó otros actos de ingobernabilidad, incluyendo el del 26 de mayo de 2014, cuando la presidencia municipal fue vandalizada en protesta por la detención de 4 personas que se manifestaban pacíficamente por el abuso de autoridad de los elementos de tránsito.

También el jueves 23 de octubre de 2014 nuevamente el palacio municipal fue saqueado y apedreado por la molestia de la ciudadanía de liberar a un delincuente que había sido detenido por los habitantes al intentar robar una iglesia de la localidad.

Por ello, urgió investigar profundamente y a fondo para castigar a los culpables, sin embargo, también culpó a las autoridades municipales y estatales que no cumplieron con la responsabilidad constitucional de detener a los delincuentes a tiempo.

Finalmente, Ricardo Abdala Dartigues emitió 2 puntos de acuerdo:

“Primero. Que Morena solicita a la procuradora general de la República y al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en el ámbito de sus competencias, tenga a bien investigar y perseguir los delitos del orden federal y común, de ser el caso, que se cometieron el lunes 19 de octubre de 2015 en el municipio de Ajalpan, Puebla”.

Asimismo, abundó, de existir averiguaciones previas o carpetas de investigación, y haga público el estado que guarda las mismas.

“Segundo. Esta representación nacional, con pleno respeto de sus atribuciones, requiere a la contraloría que realice de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, tenga a bien investigar a los servidores públicos antes referidos y de que si de su actuar incurrieron en actos u omisiones establezca las sanciones administrativas a las que haya lugar.”, concluyó.