Policías municipales de Tehuacán y Chila realizaron detenciones y agredieron a ciudadanos de manera arbitraria, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) emitió recomendaciones contra ellos.

En el caso de Tehuacán, 21 elementos de seguridad ingresaron a la casa de una familia para golpear y asegurar a algunos de sus integrantes, a pesar de que la Dirección de Seguridad Pública Municipal negó las acusaciones.

En Chila, 4 pobladores fueron golpeados por policías que dijeron tener órdenes para hacerlo por parte del edil Manuel Loyola Tobón, el regidor de Gobernación y el presidente auxiliar de Francisco Ibarra Ramos.

El caso Tehuacán

De acuerdo con la recomendación 26/2015 de la CDH, la madrugada del 7 de abril del año 2015, 21 policías municipales se introdujeron a la casa de una familia en Tehuacán para arrestar a 4 personas que fueron identificados como “rateros”.

Durante el operativo en el que rompieron 2 ventanas y entraron con violencia a la vivienda, utilizaron 8 patrullas. En el acto dejaron olvidado un escudo con la leyenda “Policía Municipal”.

De acuerdo con la quejosa, ella dormía cuando se percató que alguien arrojaba piedras a su casa. Al asomarse se percató que eran los uniformados.  

A pesar de que aseguró la entrada de su hogar, los elementos ingresaron tras tirar la puerta. Aunque fue sometida por 3 mujeres policía, se percató que los oficiales agredieron a 7 personas más que estaban en su domicilio, entre ellos 3 de sus hijos menores de edad a quienes les rociaron gas lacrimógeno.

Un total de 4 personas fueron detenidas por los agentes quienes las golpearon en la casa y rumbo a los separos de la Policía Municipal.

Luego de unas horas, la jueza calificadora les impuso una multa económica por lo que pudieron recobrar su libertad hasta la tarde del 7 de abril.

Al rendir un informe sobre los hechos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal argumentó que los policías fueron agredidos por personas que les lanzaron piedras y que en ningún momento los agentes entraron a la casa.

En un memorándum, la dependencia agregó que los daños a la vivienda fueron hechos por los agresores cuando entraban y salían del, y que incluso les habían quitado un escudo.

La recomendación de la CDH asegura que los 21 elementos de la Policía Municipal y la jueza calificadora del segundo turno en Tehuacán, violaron derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad o posesión de la legalidad y a la integridad y seguridad personal.

Por lo anterior el organismo pidió al ayuntamiento la reparación del daño a las 8 víctimas, además de eliminar del registro de infractores municipales los datos y huellas de los 4 detenidos.

También se pide a la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez, colaborar en la investigación contra los 21 policías y la jueza calificadora que siguen la Contraloría Municipal y la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con los Servidores Públicos.

El caso Chila

La CDH emitió la recomendación 24/2015 al presidente municipal de Chila, Manuel Loyola Tobón, luego que 4 pobladores denunciaron haber sido golpeados durante una detención arbitraria ordenada por él, el regidor de Gobernación y el presidente de la junta auxiliar de Francisco Ibarra Ramos.

Uno de los afectados informó que la noche del 2 de agosto de 2014, él y 2 sujetos fueron asegurados por 8 elementos de la Policía Municipal luego que salieron de una fiesta y viajaban en una camioneta.

Indicó que oficiales adscritos a la Junta Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos y del municipio de Chila, obligaron al chofer a bajar del vehículo mientras que a los pasajeros los mandaron a la batea de una patrulla.

Agregó que cuando pidió información de su detención uno de los oficiales refirió que “eran órdenes del presidente auxiliar y del presidente de Chila.

Durante la detención, el comandante justificó que recibieron un reporte de sujetos escandalizando a bordo de una camioneta con las mismas características. Los policías les extrajeron sus artículos personales y los esposaron.

Un hombre, que no iba con ellos, fue detenido al acercarse para tratar de defenderlos. Él, al momento de subir a la batea perdió el equilibrio y cayó en el piso, luego un oficial le roció gas lacrimógeno en la cara. Minutos después fueron trasladados a la Comandancia.

Las víctimas dijeron que sufrieron malos tratos y que se les negó llamar por teléfono a sus familiares, pues estaban “castigados”.

Ya a las 12:30 horas del día lunes 4 de agosto de 2014, el regidor de Gobernación de Chila les dijo que iban a salir libres pagando una multa de mil pesos.

Ya a las 16:30 horas los sacaron de los separos y los llevaron a la Comandancia, donde se encontraba el regidor de Gobernación y el agente subalterno del Ministerio. El primero de los antes mencionados les dijo que los dejaría en libertad, pero que tenían que firmar un documento mismo que no les permitió leer.

Ante el temor de seguir privados de su libertad, accedieron a signar el documento, no obstante, fueron informados que por orden del presidente municipal y del edil auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, tendrían que hacer servicio social.

Derivado del hecho y el seguimiento dado al caso, la CDH emitió  recomendaciones al alcalde Manuel Loyola Tobón.

Instruyó a que las víctimas reciban atención médica y psicológica que requieran; a que colabore con la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos en el trámite ante la Contraloría Municipal en contra de los oficiales involucrados.

La recomendación también requiere que se aporten los datos para la integración debida de la carpeta de investigación AP1; que los policías de Chila y de la junta auxiliar reciban capacitación referente sobre derechos humanos.