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Emite CDH recomendación al procurador Víctor Carrancá

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Policías Ministeriales violentaron derechos humanos de un detenido acusado por el delito de extorsión.

Acusado como probable responsable del delito de extorsión, un sujeto fue detenido, incomunicado, desnudado, golpeado en dos ocasiones y arraigado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al emitir la recomendación 30/2014 dirigida al procurador Víctor Carrancá Bourget, a fin de reparar los daños causados a la víctima.

La detención tuvo lugar el pasado 13 de junio del 2013 en el municipio de San Salvador El Seco, hasta donde arribaron elementos de la Policía Ministerial, quienes sin una orden de presentación o de detención privaron de la libertad al hombre y cometieron una serie de violaciones a los derechos a su seguridad jurídica, integridad y seguridad personal.

De acuerdo con el expediente 8084/2013-C el agraviado confirmó que el día 13 de junio de 2014, aproximadamente a las 9:30 horas, elementos de la Policía Ministerial del grupo Tepeaca, Puebla, lo detuvieron en el municipio de San Salvador el Seco, y sin ninguna orden lo llevaron caminando a la comandancia del lugar.

Poco después llegó una camioneta blanca con dos elementos. Pasando como cinco minutos lo sacaron del lugar y lo subieron a un coche blanco en el asiento trasero, donde lo golpearon con el puño cerrado en la cabeza, en el estómago y en las piernas, –mientras era trasladado-.

Una vez en la agencia del Ministerio Público de Tepeaca, los elementos de la Policía Ministerial lo ingresaron a un cuarto, donde lo volvieron a golpear con el puño cerrado, le hicieron que se quitara toda la ropa, le vendaron la cara y tirado en el suelo un elemento de la Policía Ministerial se subió en sus piernas, otro se sentó en su estómago y un elemento más lo agarró de los cabellos pegándole en el estómago, echándole agua en la boca, sin explicarle el motivo de su detención.

En ese momento, su esposa ingresó a las instalaciones del MP, donde preguntó por él, “por lo que al escuchar la voz de su esposa empezó a gritar «aquí estoy». Posteriormente, lo trasladaron a la ciudad de Puebla, a la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

De acuerdo con lo relatado por la esposa del detenido, en cuanto se percató que su esposo estaba siendo golpeado acudió en busca de un abogado, pero al regresar al MP le informaron que ya había sido enviado a la ciudad de Puebla. Inmediatamente al edificio Bicentenario de la PGJ, pero le indicaron que había sido liberado.

Finalmente, al no tener comunicación con su esposo decidió  interponer un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito por lo que personal de dicho Juzgado realizó su búsqueda ubicándolo en el hotel Kyoto, donde se encontraba privado de su libertad.

Policías alegan flagrancia

Al respecto, los agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Grupo Tepeaca, rechazaron las acusaciones e indicaron que el día 13 de junio de 2013, aproximadamente a las 10:20 horas, uno de ellos recibió una llamada telefónica de una persona que le informó que se habían comunicado con él para solicitarle una cantidad de dinero a fin de darle información acerca de quien había matado a su hermano; por ello se trasladaron al lugar donde habían citado a la persona, encontrando ahí al ahora quejoso, así como a la persona que solicitó el apoyo.

Los agentes refirieron además a la CDH que el denunciante les refirió que ya había entregado la cantidad de diez mil pesos, acordando juntar el resto; por ello –dijeron- empezaron a interrogar a la persona y que ésta habría aceptado que recibió el dinero, sacando de su bolsa delantera izquierda de su pantalón una cartera de color café que en su interior contenía la cantidad señalada, por lo que al encontrarse ante la realización de una conducta tipificada como delito procedieron a detenerlo, para ponerlo a disposición del Ministerio Público de Tepeaca.

Detienen a sobrinas del agraviado

En la ratificación del amparo, el detenido manifestó que lo estaban obligando a firmar unos papeles en donde se señalaba que él era culpable de un delito que no cometió.

Además informó -sin  especificar la fecha exacta-, que elementos de la Policía Ministerial ingresaron a su domicilio, llevándose del lugar cables para pasar corriente, un gato hidráulico, dos tapas de teléfonos celulares, dos pilas de celulares, además de llevarse detenidas a dos de sus sobrinas, a quienes les retiraron su credencial de elector.

Sobre estos hechos, imputados a los elementos del área de seguridad del edificio Bicentenario de la PGJ, la Comisión de Derechos Humanos no contó con elementos para acreditar violaciones a las garantías individuales.

Pide CDH reparar el daño

El ombudsman poblano, Adolfo López Badillo, pidió al procurador del estado Víctor Antonio Carrancá Bourget, reparar el daño y colaborar ampliamente con la investigación bajo las siguientes recomendaciones:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados al agraviado, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud física y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la Visitaduría General, en contra de los agentes de la Policía Ministerial del Estado y demás elementos que participaron por estar relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los agentes de la Policía Ministerial del Estado por tener relación con los hechos que dieron origen a la presente recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

CUARTA. Brinde a elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia de Tepeaca, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento.

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