Puebla, Pue.- Desde su humilde vivienda que se convirtió legalmente en su prisión, Enedina Rosas Vélez, una mujer menudita, de tez morena y manos curtidas por arar su tierra, hace un llamado a los suyos: “luchen si es que se puede ganar y sino ni modo, pero por lo menos luchamos”.

La ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, detenida por oponerse a la construcción de un gasoducto por territorio poblano, permaneció cinco meses recluida en el penal de Atlixco, veinte días más en un  hospital custodiada y hoy en su pequeña casa cumple en “prisión” su proceso judicial debido a su estado de salud.

“No me sentí ni mal ni vencida”, afirma la campesina de 56 años de edad y con tercer año de primaria concluida. 

Junto con sus compañeros ejidatarios formó parte de un movimiento para oponerse al proyecto Morelos, la construcción de un gasoducto que atravesará 19 comunidades de nueve municipios de la zona poniente del estado de Puebla.

“Hay que luchar y si se puede ganar hay que luchar, porque es un peligro para los que trabajamos en el campo, es un peligro porque con gasoducto ya no se estará tranquilo y hay que luchar para detenerlo”, afirma con voz segura.

Con sus palabras humildes, la mujer acusada del delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público y robo calificado, es firme en sus convicciones.

“Yo ya sé que voy terminando, pero mis hijos y los hijos de mis hijos mañana van a decir: mi mamá nos dejó una bomba ahí y estar pensando nada más en eso”, afirma, en entrevista desde su vivienda que parece más bien una galera sin cuartos y que se convirtió, por orden de un juez, en su prisión.

Enedina forma parte de los 18 líderes sociales de Puebla que se encuentran recluidos en distintos penales por encabezar movimientos en defensa del pueblo y que, según organizaciones sociales y campesinas, son presos políticos.

El integrante del Frente Contra la Represión en Puebla, Arnulfo Hernández Chávez, aseguró que de 37 luchadores sociales con procesos penales, 18 aún están encarcelados purgando una condena o luchando vía legal para obtener su libertad.

Se encuentran habitantes de Chalchihuapan que se enfrentaron hace dos meses a la policía estatal en contra de la desaparición de los servicios del Registro Civil en las junta auxiliares.

También dirigentes de choferes que protestaron contra la Red Urbana de Transporte Articulado o MetroBus de la capital poblana; y, por supuesto, aquellos que se han manifestado contra la carretera Arco Poniente y el Proyecto Morelos.

“Ahora sí que desde que empecé esa fue mi decisión de luchar y pues ya ve que ahí en la cárcel y pues ahí voy”, recapitula la campesina detenida a principios de abril por –según la versión oficial- “obstaculizar la construcción de un gaseoducto en el municipio de Atlixco, además de que despojó de sus pertenencias a varios trabajadores de dicha empresa”.

Fue el juez Penal de Atlixco, quien ordenó prisión domiciliaria debido a su edad y al estado de salud de la mujer, a quien se le diagnosticó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

A estas alturas y en espera que su proceso llegue a buen fin para ella, carece de ganas para pedir ayudar al presidente Enrique Peña, porque –dice- dejó de entender a los campesinos, a aquellos que aran la tierra.

“Ya no entiende a nosotros los campesinos, ya vendió México por los millones de pesos que le dieron, ya nos dejó por ser campesinos, por cultivar la tierra y eso no se vale… pero bueno, qué más le puedo decir, que en su conciencia él no siente nada, pos que pobre de espíritu ese señor”, suelta con rabia contenida.

Respira hondo, asegura sentirse contenta por haber dejado la prisión oficial y anhela que pronto también pueda salir a la calle de su pueblo. 
Luego, con voz tranquila y pausada pregunta por Abraham.

Se preocupación es por su compañero de lucha, el activista Abraham Cordero Calderón, quien tras seis meses en prisión, ganó un amparo y salió el pasado 3 de octubre del Centro de Readaptación de Atlixco.   

“No me doblegaron el espíritu, al contrario”, afirma el hombre, quien ha encabezado protestas contra el Arco Poniente y el gasoducto Morelos. “Nos sirvió para reflexionar, para ver cómo teníamos que manejar el movimiento, ahora haremos asambleas públicas pueblo por pueblo, sabemos de los riesgos pero no podemos callarnos ni podemos doblegarnos”.

Es momento, señala quien estuvo preso en la celda “3” del dormitorio “D”, de replantear su movimiento, hacer recorridos en cada una de las poblaciones afectadas por ambos proyectos y redefinir la estrategia de su lucha social.

“No se trata nada más de la carretera o de la tierra, si este gobierno logra pasar esos proyectos a los costados vendrán más proyectos, tenemos suficiente agua para producción hortícola y quieren allegarse del agua y eso nos queda claro”, advierte.

Insiste que más allá del daño personal a los ejidatarios, habrá una afectación ecológica, por lo que –sentencia- es necesario convencer a este gobierno que sí se empeñan a hacer este proyecto habrá afectaciones en los alimentos del país.

“Escuché a Peña Nieto el 22 de septiembre en la ONU donde se pronunciaba  por velar por los derechos y bienestar de los indígenas y seguridad a los migrantes, pero como diría mi abuelita: son candil de la calle y oscuridad de su casa. Deben poner atención en el país, en Puebla se violan los derechos de los compañeros campesinos y no se les están respetando”.

“No es necesario patear la puerta”

En Puebla, deja en claro el secretario General de Gobierno Luis Maldonado Venegas, no existen presos políticos.

“Nosotros hemos dado plenas garantías para la libre expresión en el estado”, afirma el encargado de la política interna del estado, pero sentencia “siempre y cuando éstas se realicen en el marco de la ley”.

En el gobierno de Rafael Moreno Valle, manifiesta en entrevista, “no es necesario patear la puerta para que se les abra”.

Franco al hablar, el ex diputado federal y ex senador, reconoce que mediáticamente se ha hablado de 33 presos políticos, pero insiste que no existe ningún caso que por razones de activismo político o demanda social tenga sanciones compurgadas o por compurgarse.

“Por supuesto que yo niego enfáticamente que haya un sólo preso político (…) algunos de los casos emblemáticos tienen que ver con la comisión de actos delictivos, algunos de ellos no solo en flagrancia, sino ante la transparente difusión de los medios de comunicación”, reveló.

Rechazó que en Puebla se criminalice la protesta social y como ejemplo puso que durante el año se han instalado más de mil 500 mesas de diálogo y negociación.

Pero además, aseguró que ha solicitado a organizaciones sociales, de derechos humanos e incluso a legisladores federales, presentar la lista de todos los detenidos para analizarlos caso por caso “y no ha sucedido”.

En el caso de Enedina y Abraham recordó que han instalado mesas de dialogo  y el propio gobierno les ha sugerido las vías legales para poder ayudarlos.

“Hemos tenido una revisión en el marco jurídico porque lo que sería un grave error es que los asuntos de carácter legal se resuelvan con criterio político y cuando hemos tenido ciertos elementos hemos actuado en consecuencia respetando a las instancias jurisdiccionales”.