La situación migratoria de millones de mexicanos que radican en Estados Unidos de manera ilegal vive una incertidumbre legislativa y espera que se logre un dictamen hasta finales de julio próximo después del profundo análisis en el congreso estadunidense.  

El panorama es diverso pues el jaloneo político entre las dos fuerzas partidistas se presenta más difícil que en toda la historia de esa primera potencia mundial, sobre todo por la renuencia del Partido Republicano y por el creciente número de votantes latinos. Medios de comunicación en Estados Unidos han publicado encuestas que reflejan que casi tres cuartas partes de los votantes de origen latino consideran de gran trascendencia que sea este 2014 cuando se defina una postura concreta sobre la posibilidad de legalizar el estatus de más de 11 millones de migrantes.

Sin embargo hay Senadores de origen Republicano, como John Bohener del estado de Ohio, que representan una fuerza opositora tan radical que podría guardar en la congeladora el interés del Presidente Barack Obama de reconocer el esfuerzo y la colaboración de millones de trabajadores indocumentados en la economía de ese país con el otorgamiento de su residencia legal.

En los análisis políticos en ese país se habla de que las consecuencias para el Partido Republicano, de no apoyar una reforma migratoria en los próximos meses, sobre todo antes de las elecciones de noviembre, serían tan duras que podrían perder el control de la Casa Blanca por varios periodos, pero este panorama no parece influir mucho en la dureza de la postura republicana.

Mientras tanto, el ambiente que enfrentan miles de hispanos que buscan cruzar la frontera norte de México es cada día más complicado a causa de las medidas cada vez más estrictas que impone la administración del  presidente estadunidense Barack Obama al reforzar la frontera con miles de nuevos guardias fronterizos y nueva tecnología que complica el logro de las metas migrantes. Independientemente de que durante esta administración estadunidense se habla de la repatriación diaria de miles de trabajadores indocumentados que, víctimas de las redadas, son regresados a sus comunidades de origen donde son recibidos por el mismo panorama económico que los empujó a emprender ese difícil viaje al norte, uno muy negativo. Hasta la fecha se contabilizan más de dos millones de trabajadores ilegales deportados.

Además hay que reconocer que en México nada se está haciendo por frenar la oleada de mexicanos que buscan una oportunidad de trabajo real para el mantenimiento de sus familias y Puebla no es la excepción. Municipios de la Sierra Negra y centro del estado, que son los principales expulsores de mano de obra, no presentan un avance en materia económica y no hay iniciativas de gobierno que se enfoquen en la reintegración económica de los migrantes en sus pueblos. Los programas como el 3x1 de Migrantes tampoco resultan suficientes para la cantidad de migrantes repatriados.

En agosto próximo se cumplirá un aniversario más de aquella histórica amnistía que el gobierno de Estados Unidos otorgó a millones de trabajadores indocumentados en la década de los 80.  Y aunque muchos cambios importantes viene impulsando la gestión del Presidente Barack Obama, lo cierto es que aún no se percibe una luz en el camino de la posibilidad de una amnistía ansiada por millones de mexicanos, entre ellos un buen porcentaje de poblanos y sus familias.

Muchas de estas familias están en espera del resolutivo legislativo para tomar una decisión sobre su estancia en ese país. De verse obligados a regresar, también deberán definir el futuro de las nuevas generaciones que nacieron, estudiaron y se educaron en Estados Unidos y que tendrán que conocer la vida en México, una vida muy diferente a la de ese país.