Ahorradores de la Caja del Valle de Atlixco (CVA) denunciaron un fraude por 7 millones de pesos cometido contra familias de Piaxtla y Tehuitzingo, donde desde agosto del año 2013 la financiera cerró sus puertas y despidió al personal, tras negar el pago de rendimientos y retiros a los socios, sin embargo, hasta el momento sus quejas continúan estancadas en el Ministerio Público mientras que la Procuraduría General de Justicia de Puebla dice desconocer la situación del conflicto.

Entrevistados para municipiospuebla.com.mx, los representantes legales de los defraudados, Jesús Sánchez Pérez y Rosalino Martín Martínez informaron que a finales del año pasado presentaron 150 denuncias penales en contra de la caja de ahorro, pero hasta el momento los casos se encuentran archivados en el Ministerio Público de Tehuitzingo.

Explicaron que durante todos estos meses, el titular de la agencia, Ricardo Carrillo Ríos, ha argumentado que por falta de tiempo y de personal sus denuncias continúan en espera de ser analizadas.

Destacaron que los afectados son en su mayor parte personas de la tercera edad, con hijos que se fueron a trabajar a los Estados Unidos, mismos que les envían mensualmente sus ahorros para que algún día puedan regresar a sus comunidades, por ello los recursos –incluso- no son de los titulares de las cuentas, sino de los migrantes.

El año previo buscaron la intervención del entonces diputado local Ernesto Leyva Córdoba, representante de la región Mixteca, quien además fungía como secretario de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado. De este modo lograron que el Poder Legislativo emitiera a principios de este año un exhorto al procurador del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que informara sobre el estado procesal de las denuncias interpuestas por los defraudados de CVA, sin que hasta el momento exista una respuesta del funcionario.

Este martes, los abogados Jesús Sánchez Pérez y Rosalino Martín Martínez acudieron a las instalaciones de la PGJ para tratar de entrevistarse con el procurador poblano, pero ante la ausencia del titular de la dependencia o algún funcionario menor, fueron atendidos por un trabajador que se presentó como Luis Jiménez Benítez y dijo ser secretario particular del “subprocurador” (sic.) Gustavo Huerta Yedra, quien les informó que desconocía del tema, pero se comprometió a darles una respuesta la próxima semana, sin precisar el día ni la hora.

Posteriormente, en compañía de una comisión de 15 defraudados, se presentaron en el Congreso del Estado a fin de informar a las legisladoras del distrito 23 sobre el conflicto que enfrentan las familias de los migrantes, pero tampoco encontraron en sus curules ni a la panista María del Rocío Aguilar Nava, ni a la priista Maritza Marín Marcelo, no obstante, éstas se comunicaron vía telefónica e instruyeron a sus asistentes atender el caso. Por ello, será el próximo viernes cuando regresen a buscar a las diputadas para entregarles una serie de documentos que les fueron requeridos a fin de dar seguimiento al exhorto hecho por la anterior legislatura.

En riesgo capitales de Puebla, Guerrero y Morelos

Rosalino Martín Martínez advirtió que la caja de ahorro cuenta actualmente con al menos 15 sucursales entre las que se encuentran las de San Pablo Anicano, Huejotzingo y Atlixco, donde tienen su matriz, además de las existentes en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos y las de Tlapa y Huamuxtitlán, en el estado de Guerrero, por lo que el fraude  podría afectar a un mayor número de personas.

Asimismo, lamentó que la entidad poblana parezca un paraíso para cometer este tipo de ilícitos, pues en años anteriores se han presentado casos como los de Coofía, Grupo Sitma, Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán, y Bampeco en la ciudad de Tehuacán, sin que las autoridades pongan un freno a la operación de este tipo de instituciones financieras.

Por su parte Jesús Sánchez Pérez informó que en primera instancia los ahorradores de CVA esperan respuesta concreta de las autoridades, pero en caso de no ser escuchados no descartan emprender una serie de movilizaciones.

De igual forma urgió al Ministerio Público y a la Procuraduría General de Justicia a atender las denuncias, puesto que “recientemente murió una de las ahorradoras, y como son personas de la tercera edad no queremos que ocurran las tragedias como en otros fraudes”.

Negocio familiar

Caja del Valle de Atlixco S.C. de R.L. está representada legalmente por Edmundo Delfino Medina Reyes, quien funge además como director general de la empresa, en la que tiene como socios a su esposa, María Elena Hernández Sánchez, a su hijo Edmundo Medina Hernández, a sus compadres Gaudencio Toxqui García y Filemón Motolinía Aguilar, así como a su comadre María de Lourdes Suárez Celis.

De acuerdo con la información disponible en su sitio digital cajaatlixco.com “es una entidad debidamente constituida y reglamentada” que nació el día 21 de noviembre del año 2001 en la ciudad de Atlixco y asegura estar “regulada por la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Ahorro y Crédito Popular”.

De igual forma da a conocer que cuenta con el permiso NO. 200109053393 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CVA011210-JQ1.

No obstante, de acuerdo con las investigaciones hechas por el abogado Rosalino Martín Martínez la caja de ahorro carece de permiso por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), única institución autorizada para validar la operación de este tipo de empresas.