Sierra Norte de Puebla.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró la “suspensión” del proyecto de exploración minera de la empresa Frisco en el Cerro de Espejeras en Tetela de Ocampo, en respuesta enviada al Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.

De acuerdo con el oficio SGPA/232/2013, signado por Rafael Pachchiano Alamán, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, “el inicio de cualquier obra o actividad asociada al Proyecto de Exploración Espejeras, se encuentra suspendido” hasta que la minera de Carlos Slim Helú presente ante la dependencia “el consentimiento previo, libre e informado” de los tetelenses.

Lo anterior, luego de que la Secretaría de Gobernación federal, a través de Martínez Veloz demandara la suspensión de la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que posibilitará la búsqueda de oro y plata en el área concesionada a la Minera Espejeras, filial de Frisco, para evitar un estallido social y político, dada la oposición de los habitantes de Tetela a las actividades de la empresa extractiva.

La Semarnat precisó en su respuesta fechada el 24 de octubre pasado que para resolver la solicitud de la Minera tomó en consideración que no existe constancia de que los pobladores del municipio serrano hayan sido consultados de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la  OIT que obliga a ceñirse a la decisión de las comunidades originarias cuando los proyectos inciden sobre su territorio y sus recursos naturales.

La demanda del Comisionado Martínez Veloz previó también que, de permitirse las actividades de la minera en Tetela de Ocampo el gobierno mexicano podría enfrentar alguna demanda que lo obligue a “pagar la reparación de los daños”.

Según Martínez Veloz, la aprobación del MIA a favor de la filial de Frisco, publicada en la Gaceta 44 de la Semarnat el pasado 3 de Octubre, viola diversos criterios legales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son “obligatorios para los órganos públicos de nuestro país”.