Santa Rita Tlahuapan, Pue.- A un mes de haber sido denunciado un nuevo caso de intolerancia religiosa en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde católicos realizaban cobros de hasta 30 mil pesos por inhumaciones de grupos ajenos a la religión, la Secretaría General de Gobierno, a través de su delegado en la región, confirma haber frenado los abusos.

Roberto Solano Pineda detalló que tras varias mesas de diálogo lograron acuerdos importantes en comunidades como San Miguel Tianguistenco, donde finalmente la administración del camposanto ha quedado en manos de la autoridad auxiliar, esto mediante un acuerdo de cabildo.

Mencionó que con esto será la presidencia auxiliar la que regule los costos de los entierros, con lo cual se pone fin a esta situación, que sin duda preocupaba a la dependencia.

Cabe destacar que fue el primero de agosto cuando este medio de comunicación dio a conocer las denuncias de personas ajenas a la religión católica, quienes denunciaron los abusos por parte de los fiscales de la iglesia católica, por cobros de hasta 30 mil pesos por las inhumaciones de personas de otras religiones.

Aunado a esto, confirmó que para el caso de la junta auxiliar de Santiago Coltzingo donde también se presentaban problemas derivados por la intolerancia religiosa, comentó que tras la firma de un convenio determinaron eximir a los grupos evangélicos de cobros para fiestas religiosas y patronales, sin embargo estos se comprometieron a realizar aportaciones en beneficio de la comunidad.

Por otro lado y en relación a la comunidad de San Rafael Tlanalapan perteneciente a Texmelucan, donde hasta hace un año se venían registrando casos de intolerancia religiosa, Roberto Solano Pineda mencionó que afortunadamente han logrado avances significativos.

Sin embargo, mencionó que investigan tres casos de familias evangélicas que supuestamente habrían sido víctimas de amenazas, las cuales no han sido corroboradas.

Finalmente Solano Pineda dejó en claro que en la región de Texmelucan se busca garantizar y hacer valer la libertad de culto estipulada en el artículo 24 constitucional, para lo cual trabajan de la mano con las autoridades donde se han dado casos de intolerancia.