Puebla, Pue.- El Consejo Tiyat Tlali rechazó que los habitantes de las comunidades que se oponen a la construcción de minas e hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla vayan a impedir la realización de las elecciones este domingo 7 de julio.

En conferencia de medios, realizada este lunes en la Universidad Iberoamericana Puebla, Rafael Sevilla Zapata y Sarahí Rivadeneyra Morales, expresaron que en ninguna comunidad de los 19 municipios serranos donde se pretende ejecutar alguna de las 114 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal, existe un conflicto social que llegue al extremo de impedir la colocación de urnas, o la participación de los electores.

Por el contrario, si algún tipo de violencia existe “la ejerce el Estado en contra de estas comunidades indígenas y campesinas por medio de la negativa de información y por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que sin respeto alguno a los derechos indígenas aprueba a las empresas nacionales y extranjeras los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) sin haber realizado la consulta pública de ley”.

En ese sentido, Sevilla Zapata puso como ejemplo el caso del municipio de Zautla donde la Semarnat publicó ya el MIA a favor de una empresa minera de capital chino, a pesar de que las 32 localidades del municipio la expulsaron y obligaron a que firmara un acta para respaldar esta medida.

Otro caso, comentó Rivadeneyra Morales, es el de la empresa Grupo Eléctrico San Antonio (GESA, antes Ingdeshidro), que advirtió que comenzará sus trabajos en Xochitlán una vez que pase el proceso electoral del 7 de julio.

El Consejo Tiyat Tlali y las organizaciones que lo conforman, expresó Sevilla Zapata, continuarán realizando su labor mediante los cauces legales y dentro del Estado de Derecho, por lo que rechazó cualquier señalamiento o liga con grupos radicales que pudieran generar en algún momento algún acto violento contra estas empresas.

Este consejo exigió al gobierno del estado de Puebla, así como a la administración pública federal, que revise la viabilidad de las concesiones mineras e hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla, aplicando la normatividad en una consulta a las comunidades, antes de otorgar cualquier permiso.

En ese sentido, denunció que los proyectos mineros e hidroenergéticos están avanzando en estas comunidades mientras los indígenas mantienen mesas de trabajo con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz.

También denunciaron que no se han respetado las decisiones de los pueblos indígenas de rechazo a estos proyectos, sustentadas en actas de asamblea, plantones y en la negativa a vender sus tierras. Las dependencias gubernamentales están entregando información falsa, o simplemente no la entregan, sobre el estado que guarda cada proyecto en las comunidades, por lo que se violenta el derecho de éstas a la información y a la consulta libre, aseguraron.

Señalaron que la apertura de una brecha hacia el río Ajajalpan, en el municipio de Olintla, y el desprecio de las autoridades municipales, estatales y federales que ignoraron las denuncias de las comunidades totonacas de Ignacio Zaragoza, Olintla, Choipauatlán y Bibiano Hernández, a las que se sumaron Santa Catarina y Machat, sobre el reinicio de los trabajos de Grupo México para construir una hidroeléctrica, a pesar de que la presidencia municipal de Olintla afirmó que esta empresa había abandonado ese territorio.

El Consejo Tiyat Tlali también reprobó la burla del presidente municipal de Ixtacamaxtitlán, Erick Gorospe Treviño, quien lejos de informar a sus gobernados si recibe o no dinero de la minera canadiense Almaden Minerals, afirmó que esos 400 mil pesos que habría recibido “ya los repartió entre sus regidores”.